Canadá impondrá multas de hasta 1,5 millones de dólares por fraude en inmigración
El Gobierno canadiense endurece las sanciones contra quienes ofrecen servicios de inmigración de manera ilegal o proporcionan información falsa y engañosa. Las multas comienzan en 5.000 dólares y pueden alcanzar los 1,5 millones, según la gravedad de las infracciones.
El Gobierno de Canadá anunció nuevas medidas para combatir el fraude en materia de inmigración y ciudadanía, con sanciones económicas mucho más severas para quienes incumplan la legislación al ofrecer asesoramiento o servicios de representación a cambio de dinero.
Las nuevas normas, que entraron en vigor el miércoles 28 de octubre de 2026, contemplan multas mínimas de 5.000 dólares canadienses para las personas que presten servicios remunerados de asesoramiento o representación migratoria sin contar con la autorización correspondiente.
Sin embargo, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Las sanciones podrían llegar hasta los 1,5 millones de dólares en casos relacionados con personas declaradas culpables de proporcionar información falsa o engañosa en nombre de un solicitante o de ayudar a un candidato a la inmigración mediante este tipo de prácticas.
Multas más elevadas para combatir las estafas migratorias
Las nuevas disposiciones se aplican tanto a los representantes remunerados autorizados, incluidos los consultores de inmigración con licencia y los abogados, como a quienes ofrecen servicios de inmigración y ciudadanía sin tener autorización para hacerlo.
Además, las sanciones aumentarán en caso de reincidencia. Según el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), las multas acumuladas por las distintas infracciones pueden alcanzar un máximo de 1,5 millones de dólares.
El objetivo de estas medidas es reforzar los mecanismos de control, proteger a los solicitantes y garantizar que quienes ofrecen servicios migratorios cumplan con las obligaciones establecidas por la legislación canadiense.
Canadá publicará una lista de los sancionados
Como parte de esta estrategia, el Gobierno también prevé crear un registro público con los nombres de las personas sancionadas y los detalles de las infracciones cometidas.
De acuerdo con el anuncio oficial, esta herramienta debería ponerse en marcha en 2027 y permitirá consultar información sobre quienes hayan recibido sanciones en virtud de las nuevas normas.
La iniciativa busca ofrecer mayor transparencia y ayudar a los ciudadanos a identificar a personas que hayan sido sancionadas por prácticas irregulares relacionadas con los servicios de inmigración.
Una advertencia para quienes buscan emigrar a Canadá
Las nuevas medidas representan una advertencia importante para quienes desean obtener la residencia permanente, solicitar un permiso de trabajo, estudiar en Canadá o tramitar la ciudadanía canadiense.
Los procesos migratorios pueden ser complejos y, en ocasiones, los solicitantes recurren a intermediarios que prometen acelerar los trámites, garantizar la aprobación de una solicitud o conseguir resultados que no pueden asegurar legalmente.
Estas promesas pueden esconder prácticas fraudulentas que no solo provocan pérdidas económicas, sino que también pueden poner en riesgo los expedientes migratorios de las personas afectadas.
Por ello, antes de pagar por asesoramiento o representación, es fundamental comprobar que el profesional esté autorizado para prestar esos servicios y desconfiar de las ofertas que prometan resultados garantizados.
El Gobierno promete mayor responsabilidad y control
La ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab, defendió las nuevas disposiciones como una herramienta para proteger a la población frente al fraude y las conductas indebidas.
La ministra señaló que, aunque la mayoría de los profesionales que ofrecen asesoramiento y representación remunerados cumplen con las normas, quienes las infrinjan deberán asumir las consecuencias correspondientes.
Con este endurecimiento de las sanciones, Ottawa busca reforzar la integridad del sistema canadiense de inmigración y ciudadanía, así como responsabilizar a quienes se aprovechan de las personas que buscan construir un futuro en Canadá.
Para quienes viven en Montreal, Quebec o en cualquier otra provincia canadiense, el mensaje es claro: antes de confiar un trámite migratorio a un intermediario, hay que verificar sus credenciales y asegurarse de que está autorizado para ejercer.
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